LA HOGUERA DE LAS VANIDADES

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En las últimas semanas, como consecuencia de ciertos escándalos académicos, se ha desatado una fuerte polémica en torno a la autenticidad de los espectaculares y abultados currícula de algunos políticos españoles. Si se estudia el tema con cierto detenimiento, se ve que la cosa viene de lejos, porque ya hubo otros fiascos en su momento tanto o más graves que los que ahora parecen producir escándalo. Otra cosa es que, con elecciones a la vista, se afilen los cuchillos porque ninguno quiere quedarse sin un pesebre bien surtido, aunque para ello haya que pasar por extremos de ruindad y vileza moral hasta ahora inimaginables. ¡Todo sea por dejar bien claro que Fulanito o Menganita no dan la talla y son unos impresentables ¡ ¡Quítate tú para que me pueda poner yo¡
Con respecto a los problemas de la Universidad en España y las peripecias del Plan Bolonia, me permito recomendar la lectura del magnífico artículo del profesor Javier Paredes en Hispanidad (20/05/2018) El poder y el dinero corrompen a la Universidad… que debe ser esclava de la verdad, accesible en la dirección http://www.hispanidad.com/la-resistencia/el-poder-y-el-dinero-arrastran-la-universidad-por-los-suelos_12001382_102.html. En este comentario, que pretendo sea breve, nos centraremos en la cuestión de la auctoritas de los políticos en ejercicio, eso sí, con ayuda de las reflexiones formuladas por ilustres profesores.
Explicaba el profesor Antonio Segura Ferns que los griegos, así puede constatarse tanto en las obras de Platón como en las de Aristóteles, no conocían en el estudio del poder político más que dos palabras: αρχή –origen o principio de autoridad – y κρατεω – dominio territorial o físico -. En realidad, el estudio aristotélico de la ciencia política no distingue propiamente entre auctoritas y potestas, y al no disponer de un principio metafísico que permita fundar esta distinción tiene que recurrir al entinema lógico: “Una proposición dialéctica es una pregunta plausible bien para todos, bien para la mayoría, bien para los sabios y, de entre estos, bien para todos, bien para la mayoría, bien para los más conocidos, y que no sea paradójica” (Τοποι B 104 a 10). El entinema es un silogismo mutilado o abreviado, una argumentación en la que se calla una de las premisas por ser demasiado clara, según la magistral definición del profesor Manuel Polo y Peyrolón. La premisa que se omite aquí es nada menos que la de la Legitimidad, es decir el juicio sobre la adecuación de la actividad política a los postulados de la justicia y la verdad. Por eso, en la Πολιτική de Aristóteles, el entinema se aplica a los modos de gobierno no monárquico, la demagogia, la oligarquía, en los modos de gobierno viciosos, y la democracia y la aristocracia en sus versiones correctas.

Según se tome en consideración el criterio de la Legitimidad o el del mero poder fáctico (dominio efectivo sobre un territorio y su población) a la hora de enjuiciar las formas de gobierno, podemos distinguir entre monarquía y monocracia o autocracia, entre oligarquía y aristocracia (aunque en este caso, la valoración positiva se invierta, a no ser que consideremos la oligarquía en un sentido meramente formal, que la identificaría, en la práctica, con todas las formas de gobierno posibles), pero lo que no se ha planteado jamás, al menos en obras con pretensión académica o científica, es la posibilidad de una “demarquía”.

La distinción entre auctoritas y potestas es obra del genio jurídico romano. Entre nosotros, ha sido el romanista Álvaro D’Ors quien ha formulado toda una teoría política fundamentada en esta distinción: la autoridad es el saber socialmente reconocido, mientras que la potestad es el poder socialmente reconocido. En este contexto, la democracia se define como un régimen de potestad pura, en el que se excluye cualquier pretensión de autoridad, de legitimidad. En la democracia, se produce una completa confusión, si no una simple absorción de la autoridad por la potestad. La democracia es un régimen basado expresamente en la opinión, en el que nada importa la autoridad, sino tan sólo la potestad que emana del respaldo de la mayoría numérica, lo que no es sino una sublimación del argumento de la fuerza bruta.
Con ello se caracteriza a la democracia como un régimen de absoluta legalidad, que excluye cualquier pretensión de Legitimidad, es decir, de juicio sobre la verdad o la justicia de una determinada proposición. En este sentido, el profesor Manuel García Pelayo, en su viejo manual de Derecho Constitucional Comparado (1964) ya afirmaba que la definitiva desnaturalización del concepto de Estado de Derecho tiene lugar con Kelsen, para quien Estado y Derecho son idénticos: “Todo Estado tiene que ser Estado de Derecho en sentido formal, (…)”. Esto equivale a un vaciamiento del concepto de Estado de Derecho, ya que al identificarse con cualquier Estado pierde su razón de ser y se hace aplicable a todo tipo de organización estatal, cualquiera que sea la actitud que ésta observe ante las libertades civiles.

Desde un punto de vista racional, no debe tomarse en consideración el número de los que sostienen una tesis, sino el valor de las razones que aleguen en su defensa. Una aberración es una aberración, un disparate es un disparate, lo proclame una multitud o un grupo reducido de enajenados. “Ζυγίστε τις απόψεις, μην τις μετράτε” (Sócrates); “Aestima iudica, non numeres” (Séneca). Las razones y las opiniones no deben contarse, sino pesarse, ponderarse:

“Si por los sufragios u ordenanzas de la multitud fueran constituidos los derechos, habría un derecho al latrocinio o un derecho al adulterio. Pues, si tan grande potestad tiene la voluntad o la opinión de los necios, como para que por sus sufragios sea subvertida la naturaleza de las cosas, ¿por qué no habrían de decidir que lo malo y pernicioso es bueno y saludable? Sólo por la naturaleza de las cosas podemos distinguir la ley buena de la mala. Y pensar que todo se funda en la voluntad o la opinión y no en la naturaleza es propio de un demente” (Marco Tulio Cicerón, De legibus).

De ahí el afán de algunos políticos pesebreros por investirse de una autoridad, de un saber socialmente reconocido del que en realidad carecen. No merece la pena discutir, la autoridad en democracia está excluida, está privada de cualquier virtualidad. La democracia es una forma mecánica de gobierno que pretende construir un equilibrio social artificial sobre la amenaza subliminal de la fuerza de la mayoría numérica.  

La monarquía, por el contrario, es una forma orgánica que da razón de sí misma a partir de una legitimidad histórica, la Tradición, de modo que no puede perdurar sobre la base del mero poder fáctico, sino sólo a partir de una autoridad socialmente reconocida, tal y como proclaman los legendarios Fueros de Sobrarbe: “Nos, que valemos tanto como Vos y juntos podemos más que Vos, os hacemos nuestro Rey y Señor, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades; y si no, no”.


R. P.



Comentarios

V.C.R. ha dicho que…
Interesante reflexión
Anónimo ha dicho que…
El tema de los currículos falseados es peccata minuta al lado de todos los corrupterios perpetrados por peperos y sociatas, podemitas y naranjitos, o cualquier espécimen del muladar político. Pobre Cifu.