El Manifiesto del Partido Comunista (1848)
de MARX y ENGELS se plantea explícitamente como el plan ejecutivo de la
democracia jacobina:
“El primer paso de la revolución obrera es
la constitución del proletariado en clase dominante, la conquista de la
democracia. (…). Es obvio que la democracia basada en el sufragio universal
o soberanía popular es el medio eficaz para promover la subversión legal".
F. ENGELS en Ludwig Feuerbach y el fin de la Filosofía Clásica
Alemana (1888) concluía:
“La
gran idea cardinal de que el mundo no puede sino concebirse como un conjunto
de procesos; en el que las cosas que parecen estables, al igual que sus
reflejos mentales en nuestras cabezas, los conceptos, pasan por una serie
ininterrumpida de cambios, por un proceso de génesis y caducidad, a través de
los cuales, pese a todo su aparente carácter fortuito y a todos los retrocesos
momentáneos, acaba imponiendo siempre una trayectoria progresiva. . .; pero
ya no nos infundirán respeto esas antítesis irreductibles para, la vieja
metafísica todavía en boga: de lo verdadero y de lo falso, de lo bueno y de lo
malo, de lo idéntico y de lo distinto, de lo necesario y de lo fortuito;
sabemos que esas antítesis sólo tienen un valor relativo".
Durante la
llamada transición española a la democracia, Adolfo SUÁREZ proclamaba, en línea con este planteamiento, que “hay que hacer legal lo que ya es normal en
las calles”. Ante todo, la democracia procede de la opinión y, en
consecuencia, es preciso proscribir del ámbito de decisión el debate sobre la
justicia, es decir, la
Legitimidad. La
opinión se sitúa a la derecha o a la izquierda, es conservadora o progresista
y, aplicando el sistema electivo a tales conceptos, puramente formales y vacíos
de contenido, se alcanza la politicidad absoluta de todas las realidades de la
vida humana.
En 1932 Karl
SCHMITT publicaba Legalidad y legitimidad.
En esta obra el jurista renano sitúa el origen del concepto de legitimidad en
el Derecho Canónico, en el que no existe propiamente distinción entre legalis y legitimus, puesto que la conformidad a la ley es también
conformidad a la recta ratio y, en
definitiva, participatio legis aeternae
in rationali creatura. El dilema surge con la Gran
Revolución (1789), es decir, cuando la ley ya no es una
ordenación de la razón sino una expresión de voluntad, aunque sea de la volonté générale preconizada por el
liberalismo rousseauniano. Álvaro
D’ORS, que mantenía con el jurista alemán una estrecha amistad, no obstante las
importantes discrepancias en sus planteamientos, ha relatado la tragedia íntima
de este hombre: un legitimista desesperado que, en una interpretación
superficial y desde luego equivocada de la doctrina donosiana de la dictadura
como terapia postrevolucionaria, llegó a considerar la superdemocracia
plebiscitaria nazi como solución decisionista superadora del liberalismo, en
forma de Estado total. En este
contexto hay que inscribir también la terrible fórmula schmittiana: “soberano es el
que decide sobre el estado de excepción” (Teología política. Cuatro capítulos sobre la doctrina de la soberanía, 1922).
El Magisterio
de la Iglesia ,
por boca del papa Pío XI, reprobó con firmeza esta deriva totalitaria del
pensamiento político moderno:
“(…). Fíjase aquí nuestro pensamiento en lo
que se suele llamar Derecho natural, impreso por el dedo mismo del Creador en
las tablas del corazón humano (cf. Rom
2,14-15), y que la sana razón humana no obscurecida por pecados y pasiones es
capaz de descubrir. A la luz de las normas de este Derecho natural puede ser
valorado todo Derecho positivo, cualquiera que sea el legislador, en su
contenido ético y, consiguientemente, en la legitimidad del mandato y en la
obligación que implica de cumplirlo. Las leyes humanas, que están en oposición
insoluble con el Derecho natural, adolecen de un vicio original, que no puede
subsanarse ni con las opresiones ni con el aparato de la fuerza externa.
Según este criterio, se ha de juzgar el principio: «Derecho es lo que es útil a
la nación». Cierto que a este principio se le puede dar un sentido justo si se
entiende que lo moralmente ilícito no puede ser jamás verdaderamente ventajoso
al pueblo. Hasta el antiguo paganismo reconoció que, para ser justa, esta frase
debía ser cambiada y decir: «Nada hay que sea ventajoso si no es al mismo
tiempo moralmente bueno; y no por ser ventajoso es moralmente bueno, sino que
por ser moralmente bueno es también ventajoso» [Cicerón, De officiis III, 30). (…)”. [Mitt brennender sorge, n. 35].
A la luz de
estos principios hemos de valorar hechos más cercanos a nosotros, en el espacio
y en el tiempo, como la reciente ordalía
democrática que ha legalizado el crimen del aborto en Irlanda o la aplastante aclamación plebiscitaria que ha servido
de lenitivo para la mala conciencia inmobiliaria
del señor Pablo Iglesias en España.
R. P.
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