TRAICIÓN

     

Con motivo de la moción de censura que llevó al poder a Pedro SÁNCHEZ, publicamos un post titulado “Zafarrancho patriótico”. Un buen amigo me reprochaba que, en aquella ocasión, hiciera afirmaciones del siguiente tenor: “En breve, el gobierno de España estará en manos de los enemigos jurados de todo lo que España representa y significa. El gobierno de España estará pronto, si no está ya, en manos de quienes se proclaman, sin rubor, la Anti-España”. Parecía echarme en cara mi alarma repentina, cuando los gobiernos anteriores del Partido Popular no son precisamente “inocentes” en el proceso que ha desencadenado este estado de cosas.

Mi amigo me hizo estos reproches precisamente por la recíproca confianza que nos da la amistad que nos une. En cualquier caso, está claro que no me expresé bien. No trato de excusar la actitud prolongada de elusión de responsabilidades, de omisión patente en el ejercicio de la autoridad de los últimos gobiernos del Partido Popular. Lo que trataba de decir es que, como consecuencia de esa actitud, en el fondo de pura cobardía, se había franqueado el paso a quienes sí tienen unos propósitos bien definidos y firmes de destrucción de España, llevándose por delante lo que haga falta, incluida, por supuesto, cualquier tipo de supuesta barrera constitucional.

Las negociaciones con los ilustres presidiarios, el cambalache de los presupuestos, la reforma del Código Penal … todo eso no han sido sino los capotazos que preparan la estocada mortal. Ahora es difícil, si no imposible, sustraerse a los hechos en toda su crudeza: por indicación del Ejecutivo, la Abogacía del Estado presentará a los magistrados del Tribunal Supremo que juzgarán el 1-O un escrito de acusación que descarta el delito de rebelión y opta por el de sedición, que conlleva penas más leves.

Esto supone la ruptura en toda regla de la línea mantenida hasta ahora por la Abogacía del Estado y se opone frontalmente tanto al escrito de acusación formulado por la Fiscalía, como a la instrucción llevada a cabo por el juez Pablo LLARENA. En particular, esta nueva postura implica que la Abogacía del Estado sostendrá que no llegaron a producirse episodios de violencia de relevancia suficiente como para acusar por rebelión (?), curiosamente una las líneas claves de defensa esgrimidas por los abogados de JUNQUERAS y el resto de procesados.

El escrito de acusación que presentará la Abogacía del Estado contempla la comisión de los delitos de sedición y malversación para los principales procesados. Las penas por el primero van de los 10 a los 15 años para quienes, estando constituidos en autoridad, “hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ellas como sus principales autores”. En cuanto al segundo, dado que las cifras que se están manejando en la instrucción rebasan holgadamente la cifra clave de 250.000 euros, el mínimo de prisión serían 6 años y el máximo 12. Pese a ello, las penas finales reclamadas quedarían por debajo de la suma de ambos delitos. Así sucederá si, como está previsto, se interpreta que la malversación fue un medio para cometer el delito más grave de sedición. Eso implica calcular las penas de forma más beneficiosa para los acusados por el procès secesionista, reduciendo tanto mínimos como máximos. El mínimo teórico para ambos delitos ya no sería de 16, sino de 10 años. De todas formas, si algo se torciera, siempre queda para don Pedro SÁNCHEZ el comodín del indulto.  

Nada nuevo, pensará alguno: en los años 80 Felipe GONZÁLEZ ya impidió a los fiscales MENA y JIMÉNEZ VILLAREJO recurrir la sentencia de la Audiencia de Barcelona que decretó el archivo de la causa seguida contra Jordi PUJOL SOLEY por el desfalco de Banca Catalana. Pero es que esto es peor: lo que está en juego ahora es la dignidad, la supervivencia de España como nación.

Y mientras tanto, lo peor, lo que de verdad es motivo de sufrimiento para los catalanes: los CDR convertidos en dueños de la calle y los caciques secesionistas constituidos en auténticos “señores de horca y cuchillo”, con el beneplácito de las sedicientes autoridades españolas.

JUAN ESPAÑOL

Fuente: La Estrella Digital