En el post publicado en este blog el
pasado 19 de marzo, con el título “La
farsa democrático-autonómica española”, hacíamos una referencia al problema
del cierre de la central térmica de Andorra (Teruel) y a las ayudas que al
mismo tiempo se estaban instrumentando para el tránsito a marchas forzadas de
la tecnología basada en el motor de combustión al nuevo modelo de movilidad
basado en los vehículos eléctricos. En ese post
no hacíamos referencia a los mecanismos que las autoridades pretenden poner
en marcha para hacer frente a los efectos del desmantelamiento completo de la
industria carbonífera en España y, singularmente, en Teruel.
Desde
instancias comunitarias, la
Asociación de Comarcas Mineras Europeas (EURACOM), integrada por regiones pertenecientes a República Checa,
Alemania, Rumanía, Estonia y Polonia, puso en marcha la “Coal Regions in
Transition Platform” que está tratando de arbitrar medidas que garanticen
una “transición justa” en las
economías de las regiones afectadas. En España, el liderazgo del proceso fue
asumido desde el primer momento por las comunidades autónomas de Asturias y
Castilla-León, y Aragón se sumó in
extremis a los trabajos de la plataforma
europea, evidenciando una aparente falta de interés político por este problema,…hasta
que se puso de manifiesto el volumen de ayudas que podían estar en juego, o en
otras palabras, el coste potencial de oportunidad de esa falta de interés.
Entre tanto, el sedicente
gobierno de España ha elaborado un Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y
Transición Energética, estableciendo una hoja de ruta inapelable con plazos
perentorios para el tránsito al nuevo modelo energético. Pero, claro, el ir a
remolque del dinero que ponga el Estado, procedente de la UE , para todos los grandes
proyectos de inversión, asumiendo las comunidades autónomas únicamente el papel
de gestores de las ayudas correspondientes, tiene además de sus ventajas, ciertos
inconvenientes. El gobierno de Aragón se queja de que el artículo 23 del texto
del Anteproyecto de Ley citado implica que, en la práctica, los gobiernos
autonómicos pueden ser “obviados” –
léase completamente ignorados – en la determinación de las condiciones y
objetivos que han de integrar el contenido de los convenios a suscribir con las
comarcas mineras en calidad de planes para una transición justa al nuevo
escenario energético. Insisten en la necesidad de no favorecer a ENDESA,
convertida en el gran chivo expiatorio de toda esta situación, lo cual resulta
cuando menos curioso, porque es obvio que una empresa pública privatizada
finalmente vendida, casi de saldo, a
una empresa pública de otro Estado miembro evidentemente no va a tener ni de
lejos el mismo interés que una empresa pública o privada nacional en el
mantenimiento de la actividad y el empleo en la zona. Y así, el Gobierno de
Aragón, en un nuevo brindis al sol, nunca mejor dicho, insta a promover una
libre competencia que permita a las empresas aragonesas optar a los proyectos
de energía fotovoltaica que sustituirán la potencia térmica de la central de
carbón: toda una declaración de intenciones, sin duda. Existen razones para
dudar seriamente de que las empresas que finalmente opten a los proyectos de
energía fotovoltaica sean siquiera en su mayoría aragonesas y, desde luego, es
una afirmación de carácter sci-fi, en
el estado actual de la técnica, pretender que la producción de la central
térmica de Andorra vaya a ser reemplazada sin más, en un horizonte de medio
plazo, por la que se derive de un conjunto de plantas fotovoltaicas, que por el
mismo motivo ya apuntado, necesitarán de una garantía de potencia adicional de
origen no renovable.
De modo particular, y en
relación con el citado artículo 23 y la disposición adicional cuarta del
Anteproyecto de Ley, se cuestiona que se permita al titular de una central
térmica o termonuclear obsoleta el cierre, con reserva de la capacidad de
evacuación, que no revertiría a la red en perjuicio de otros operadores. El
gobierno de Aragón aboga en sus alegaciones por el establecimiento de “criterios de transición justa que, en el
ámbito de la libre competencia, favorezcan el desarrollo y la vertebración
territorial, incorporando valor añadido al territorio, que tiene los recursos y
sufre el cierre de centrales térmicas convencionales”. Estos objetivos son
muy razonables, y resulta difícil no compartirlos, la cuestión es que nos
encontramos en una situación límite a la que hemos llegado fruto de una desidia
prolongada durante décadas, décadas en las que, simultáneamente, se ha venido
invirtiendo un volumen astronómico de
ayudas en la provincia de Teruel, ayudas cuya eficacia real estamos
visualizando, y por si todo esto fuera poco, ahora nos lanzamos a un cambio
apresurado de estructura productiva, primero por decreto y a continuación
tratando de tranquilizar a los agentes económicos con la promesa de nuevas
ayudas. Este criterio afectaría además, según el ejecutivo autonómico aragonés,
también a las centrales hidroeléctricas, cuyas concesiones de aguas queden
extinguidas en los próximos diez años (unas 45), garantizándose a sus titulares
acceso preferente a nuevas concesiones. Por tanto, los titulares de todas estas
centrales, térmicas, termoeléctricas, hidroeléctricas, podrían sustituir, sin
sujeción a competencia alguna, sus instalaciones por otras nuevas de generación
a partir de fuentes renovables. ¿Se reconoce, pues, que hasta la fecha la
liberalización de los mercados energéticos en España no se ha llevado a su puro
y debido efecto? ¿Se han incumplido, entonces, las sucesivas Directivas
comunitarias en la materia? Pero no hemos sido condenados en tal sentido, con
carácter general, ni por la
Comisión , ni por el Tribunal Superior de Justicia de
Luxemburgo.
Damas y caballeros, juzguen por sí mismos los resultados reales del proceso
liberalizador en el importe de sus facturas energéticas y, en general, en la
evolución reciente del sector desde el colapso de finales de 2013 que precipitó
la aprobación de una nueva Ley reguladora de cabecera, cuyos exiguos logros
también aparecen a la vista de todos. A ello añadan el anatema furibundo e
inapelable del Ministerio para la Transición Ecológica
contra lo que, aunque sea remotamente, recuerde a hidrocarburos. Las invocaciones
genéricas a la competencia constituyen una suerte de burla cruel al consumidor
y, de hecho, el producto estrella de los últimos años ha sido el bono social y
otras medidas similares, que sufragamos con cargo a impuestos y que tratan de
hacer frente a fenómenos de “pobreza
energética”.
Lo cortés no quita lo valiente, y por eso son dignas de elogio las medidas
del gobierno dirigidas, a través de la administración educativa, al
reconocimiento de competencias profesionales de los empleados de la central y
de las empresas subcontratadas, destinadas a favorecer su reciclaje profesional
y su reincorporación al mercado de trabajo en condiciones favorables. Pero este
esfuerzo tan encomiable puede quedar frustrado si finalmente no se logra atraer
o mantener nuevas inversiones productivas en las zonas afectadas, que permitan
diversificar la actividad económica a través de proyectos viables que respondan
efectivamente a los recursos y a las capacidades disponibles.
JAVIER ALONSO
DIÉGUEZ
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