Si en vez de dar su hija viva la hubiera asesinado en su propio vientre, con la complicidad de un médico y de los votos que encumbran a los partidos políticos que apoyan y promueven esa práctica -legisladores y administradores del aborto - el aparato del Estado no sólo no la habría detenido sino que hubiera empleado el dinero de los impuestos de los ciudadanos en pagar el asesinato y todos los cuidados posteriores que precisara la madre desnaturalizada.
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