“Una
decisión ideológica y sectaria”. “Es lo que ocurre cuando se quiere llevar la ideología demasiado lejos”.
En estos duros términos se expresaba el diario Heraldo de Aragón en su edición del pasado sábado 4 de mayo de
2019. La Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha
dado la razón a los padres y promotores que recurrieron la denegación de
apertura del colegio “ÁNFORA” de
Cuarte, que acordó el Gobierno de Aragón el 20 de agosto de 2015.
El fallo ha sido unánime por parte de todos los
miembros de la Sala. Esta
misma Sala fue la que autorizó de manera cautelar el 3 de septiembre de 2015 la
apertura provisional y el funcionamiento en régimen de concierto del nuevo
centro docente a solicitud de “Sociedad
Cooperativa Aragonesa”. La sentencia considera que la actuación de la Administración
autonómica fue “arbitraria” por “injustificada”, porque partieron de “una sorpresiva y anómala inspección de las
obras” por parte del Secretario General Técnico del Departamento de
Educación y de dos facultativas (arquitecta y arquitecta técnica) adscritas al
mismo.
Primero dijeron que la empresa ALFEDEL,
promotora inicial del proyecto, estaba implicada en la trama de la “Operación Púnica”. Cuando la
cooperativa de profesores que impulsó el proyecto declaró que nada tenía que
ver con la referida trama de corrupción, “aparecieron”
otros problemas sin relación alguna con ella. En mayo de 2015, 165 alumnos
obtienen una plaza en el colegio a resultas del proceso de escolarización. En
las elecciones, el PSOE incluía expresamente en su programa electoral la
paralización del concierto del colegio “ÁNFORA”.
El 17 de agosto de ese mismo año, se entrega el certificado de finalización de
la primera fase de las obras de construcción del centro. Al sedicente Gobierno
de coalición PSOE-CHA, que contaba con el apoyo, como no podía ser de otro
modo, de PODEMOS, le faltó tiempo para denegar la autorización de apertura al
centro; tomó la decisión en tan sólo tres días, todo un record para lo que
suele ser el funcionamiento ordinario de la Administración (¡).
Tras revisar el certificado de ejecución de las obras, el Departamento de
Educación emite un informe desfavorable, señalando la existencia de “deficiencias” en las instalaciones, y
deniega la apertura del centro. Los 165 alumnos con plaza son reubicados de
forma forzosa, provocando el caos en los demás centros de Cuarte. Los
responsables del colegio “ÁNFORA” y
los padres de los alumnos matriculados recurren al Tribunal Superior de
Justicia de Aragón, que aprueba la medida cautelar solicitada y decreta la
apertura del centro como colegio concertado, al tiempo que levanta la
suspensión acordada por el Gobierno de Aragón.
Entonces, el Departamento de Educación vuelve de
nuevo a la carga con el tema de la corrupción, es decir, vuelve a cambiar la
presunta motivación de sus decisiones, denunciando a la Fiscalía las supuestas
irregularidades en el proceso de apertura del centro y su posterior concierto. La Fiscalía Anticorrupción
archiva la denuncia y da la razón a los responsables y familias del centro. En
un nuevo alarde de “agilidad”
jurídica, el Departamento de Educación vuelve a cambiar de munición argumental,
esta vez solicitando el cierre de algunas aulas del centro por falta de
alumnos. Entonces “Sociedad Cooperativa
Aragonesa” recurre esta nueva decisión ante el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón, que obliga al Gobierno de Aragón a respetar el concierto
inicial del centro y abonar el importe de las aulas que cerró el año anterior
(noviembre de 2016).
Ahora, en mayo de 2019, los magistrados
consideran unánimemente que la suspensión del concierto y su posterior
modificación proceden en último término de haber denegado “improcedentemente” el Gobierno de Aragón “la autorización administrativa de apertura del centro, vulnerando las
resoluciones impugnadas los derechos fundamentales de los padres a la elección
del centro”. En congruencia con ello, el Tribunal estima el recurso
administrativo presentado por los responsables del centro, anulando la
resolución del Departamento de Educación y dejándola sin efecto.
Reacciones de los responsables del Departamento
de Educación: la Consejera
de iure no dice nada – el Consejero de facto, tampoco – y el Director
General de Planificación señala que la sentencia “no tiene ningún efecto sobre el centro” porque desde el curso
2015-2016 viene funcionando con el correspondiente concierto en virtud de las
medidas cautelares. Parece olvidar el sr. Director General que eso es así porque
los padres de los alumnos y los responsables del centro recurrieron a los
Tribunales y éstos fueron los que acordaron las medidas cautelares. Es decir,
que si el centro a día de hoy sigue funcionando esto no se debe a la eficiencia
de la Administración
educativa, sino al correcto funcionamiento de la Administración de
Justicia en su labor de tutela de los derechos fundamentales. Y, por último, la
guinda: “Hay un máximo respeto desde
Educación a la decisión judicial” - ¡vaya¡, ¡faltaría más¡ -, pero “lo importante es el compromiso del Gobierno
de Aragón por la educación en Cuarte”, al invertir 15 millones de euros en
un colegio de tres vías (7 millones), “el
más demandado por las familias” – no me extraña, con estos antecedentes – y
el – todavía – futuro instituto de Secundaria (8 millones).
Nihil
novum sub sole… Más de lo mismo. No dimitirá nadie, ni hoy, ni
mañana ni nunca. Y los pesebreros de cuota progre serán reelegidos. No es sólo
que estos tipejos adolezcan de una incapacidad patológica para entender la
libertad de los demás, es que muy pocos entre los que deberíamos luchar para
defender esa misma libertad estamos dispuestos a hacerlo. Gracias a los padres
y profesores de este centro por la lección de virtud cívica que nos han dado a
todos los aragoneses.
JAVIER
ALONSO DIÉGUEZ
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