EL TRIBUNAL DE CUENTAS CONFIRMA: “LA SEGURIDAD SOCIAL ESTÁ QUEBRADA”

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El Tribunal de Cuentas ha remitido un informe al Congreso de los Diputados en el que certifica que la Seguridad Social en su conjunto se encuentra ya en una situación de “patrimonio neto negativo” o, dicho de otra forma, en quiebra técnica. Desde el año 2010, la Seguridad Social registra pérdidas acumuladas por valor de 100.000 millones de euros. “Tales resultados – indica el citado informe – derivan de las operaciones de la gestión ordinaria de estas entidades, porque los recursos de esta naturaleza (mayoritariamente cotizaciones sociales y, en menor medida, transferencias recibidas del Estado) resultaron insuficientes para la cobertura de los gastos del mismo origen (prestaciones contributivas, fundamentalmente pensiones, y prestaciones no contributivas), provocando desequilibrios financieros, presupuestarios y de tesorería". En consecuencia, concluye el mismo informe, "resulta necesario promover y llevar a término las reformas que sean precisas para resolver, de forma estable, dicha situación".

Ante este informe del supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, el Interventor General de la Seguridad Social responde: tranquilos, no preocuparse, no pasa nada, … sólo le falta decir aquello de « ¡ África paga ¡ » Aunque ninguna empresa privada podría continuar su actividad con estas cifras en su balance, al tratarse de un sistema público y tener la garantía del Estado, no se exige su disolución, cosa que, dicho de paso, es cierta, pero nada tranquilizadora, sobre todo viniendo de quien viene. El supervisor o máximo responsable del control interno del gasto en la Seguridad Social insiste en que “la trascendencia en el ámbito de la Seguridad Social de un patrimonio neto negativo no es comparable al ámbito de entidades privadas, donde la garantía del Estado no se encuentra presente”. En sus alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas, el Interventor admite que comparte el criterio de que el Gobierno debe dejar de hacer préstamos al sistema y buscar fórmulas que saneen la cuenta de forma efectiva - ¡menos mal¡ -. No obstante, relativiza la mala situación del sistema al recordar que se encuentra ahora en un ciclo negativo, pero lo tuvo positivo en la década anterior. “Si observamos la evolución de los resultados patrimoniales durante todo el periodo, se puede apreciar que existen ciclos de pérdidas y beneficios que se van alternando, correspondiendo a ejercicios anteriores a 1999 y al periodo de 2010 a 2017 cuando se producen los resultados negativos”. ¿Y…? “Como consecuencia de esos resultados negativos, en el primer periodo, surgen las cifras de neto patrimonial negativo en el conjunto de las entidades gestoras y servicios comunes que alcanza su valor máximo en 1999”. Entonces,…? Gracias al crecimiento económico “se invierte la tendencia, como consecuencia de los resultados positivos, siendo en 2009 cuando la cifra de neto patrimonial alcanza su máximo valor. No obstante, desde el ejercicio 2010 vuelve a producirse una disminución gradual de la cifra de neto patrimonial, hasta el año 2016 en que aparece de nuevo un valor negativo, que se incrementó en 2017”. El Interventor concluye abriendo una puerta al optimismo y señala que el déficit no subió en 2018 “lo que parece un nuevo cambio de tendencia”.

En definitiva, en el horizonte mental del Gobierno, y en el de los altos funcionarios de muchas de las instituciones públicas, el conocimiento de la ciencia económica ha encallado en las típicas y a estas alturas trasnochadas recetas del “stop and go”, con una creencia ciega en la presunta eficacia de los estabilizadores automáticos. La consigna ha sido, es y será: “Si vienen mal dadas, ya subiremos los impuestos a los ricos”. Y subieron las cotizaciones sociales, una y otra vez, y lo que te rondaré, morena. El Gobierno envió a Bruselas el pasado año aquellos maravillosos presupuestos, finalmente frustrados, que incrementaban el gasto de una manera brutal, elevando el déficit del 1,3 % al 1,8 % del PIB, todo con base en unas “cuentas de la lechera” materializadas en estimaciones de potenciales ingresos que resultaban contradictorias en sí mismas. En la práctica, las cotizaciones sociales están funcionando en España como un impuesto a la contratación y, por tanto, si se hunde la actividad económica y el empleo difícilmente puede aumentar la recaudación. Si se incrementan los impuestos por encima de un límite razonable, lo que la Constitución del 78 prohíbe en su artículo 31.1 como “alcance confiscatorio” de la tributación, es seguro que la recaudación se dirige matemáticamente al colapso, y así más que de “estabilizadores automáticos” deberíamos hablar de “destructores irresistibles” de la economía nacional.

Pero al final, ni por esas…, y ¡claro¡, hay que recurrir a esa suerte de “bálsamo de Fierabrás” del socialismo pseudokeynesiano: el déficit y el endeudamiento.“La solución adoptada en 2017, y también en 2018, para solventar esta situación ha sido otorgar nuevos préstamos a la TGSS; sin embargo, ese tipo de medidas coyunturales no han resuelto los problemas de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, que son de naturaleza estructural, ni contribuyen al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados, ni tampoco tienen reflejo en su neto patrimonial, que continúa siendo negativo”. La institución considera incluso que los préstamos son contraproducentes. “Dejan a la Seguridad Social en una posición comprometida de endeudamiento frente al Estado, afectando negativamente a su solvencia, como demuestra el hecho de que, a 31 de diciembre de 2017, el balance de la TGSS recoge una deuda a favor de la Administración General del Estado (AGE) de 27.360,7 millones de euros”.

Una muestra de la incapacidad de la Seguridad Social para devolver préstamos al Estado es lo ocurrido con el crédito que hubo que inyectar en los años 90, última década del pasado siglo. En total, fueron 11 préstamos al sistema público, por valor de 17.168,7 millones de euros, entre 1992 y 1999, que “no han sido devueltos porque la Seguridad Social carece, por sí misma, de la capacidad financiera para ello, como demuestra el hecho de que los respectivos plazos para iniciar sus amortizaciones se van prorrogando a medida que se aproxima el momento del vencimiento, y aquellos otros préstamos que no cuentan con plazo de cancelación, han permanecido en la misma situación (sin fijar vencimiento)”. En cuanto al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el Tribunal de Cuentas constata que “el importe total acumulado de disposiciones desde 2012 hasta 31 de diciembre de 2017 asciende a 74.437 millones, siendo el valor contable de los activos existentes, a esa fecha, de 8.085,4 millones”. Estas cifras también han empeorado desde entonces.

En este sentido, concluye el Tribunal de Cuentas, la solución del Gobierno del PP en 2017 y del PSOE en 2018 de dar préstamos a la Seguridad Social para que pueda seguir operando es sólo un parche que no resuelve el drama ni apuntala el sistema. El supremo órgano fiscalizador urge a los partidos políticos firmantes del Pacto de Toledo a actuar de forma inmediata, aunque reconociendo la falta de consenso político existente hasta la fecha (¡), recomienda que, en tanto no pueden llevarse a cabo las reformas estructurales necesarias, el Gobierno siga proporcionando financiación estatal, eso sí, mediante “transferencias corrientes de la Administración General del Estado y no por la concesión de nuevos préstamos”.

Pero tranquilos, no pasa nada, “la Liga está ganada”. Tan es así, que el sedicente Gobierno de España, sin cobertura presupuestaria, decidió ampliar el permiso de paternidad de 5 a 8 semanas de baja. Las 5 semanas de permiso de paternidad dispararon el gasto en esta prestación un 28,3 % en los tres primeros meses del presente año respecto al mismo periodo de 2018 (cuando eran aún sólo 4), hasta los 130,8 millones de euros. Según datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en los tres primeros meses del año se tramitaron 70.705 procesos de paternidad, un 9,61 % más que en el año anterior. Desde el pasado 1 de abril, esta prestación se abona por un periodo de 8 semanas, que serán 12 en 2020 y 16 en 2021, fecha en la que se equiparará con el permiso de maternidad. La cuantía de la prestación por maternidad es equivalente al 100 % del salario y se abona directamente por la Seguridad Social durante las 16 semanas de permiso, de las que hasta 4 semanas pueden ser cedidas al padre, que podrá disfrutarlas al mismo tiempo que la madre o a continuación, con la excepción de las 6 primeras, de disfrute obligatorio para la madre. Los permisos por maternidad compartidos por padres y madres aumentaron en conjunto un 8,28 % en el primer trimestre. En total, en el primer trimestre del año el gasto en prestaciones de maternidad y paternidad ascendió a 488,5 millones de euros, un 4,9 % más que en el año anterior.

JAVIER ALONSO DIÉGUEZ