DEL 1º DE MAYO DE 2021
Son el Estado, las administraciones autonómicas y los entes locales quienes por medio de los Impuestos, tasas, precios públicos y contribuciones especiales proceden, día a día, por medio de una expropiación voraz, a enajenarnos el producto de nuestro trabajo.
Debemos recordar que nuestro sistema fue el origen de las primeras Cortes del mundo, las Cortes de León, constituidas en 1188. Su principal misión era precisamente aprobar los nuevos impuestos o el incremento de las exacciones fiscales, de tal manera que el poder político no podía imponer nuevos tributos o incrementar los ya existentes sin la votación a favor de los obligados al pago de los mismos.
Sin embargo nuestro falso sistema partitocrático actual, que finge ser representativo, ha arrebatado al pueblo su capacidad decisoria. Así el artículo 87.3 de la Constitución que establece la posibilidad de la iniciativa legislativa popular, establece taxativamente que «No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia». Es decir, en 1978 se engañó a los españoles prometiéndoles un régimen representativo cuando la verdad es que no es tal, pues se nos priva de podernos pronunciar directamente sobre cuestiones tributarias.
Los partidos políticos, auténticos enemigos del pueblo, argumentan que tal materia no puede dejarse a la decisión del pueblo, pues en tal caso, se pronunciarían indudablemente por la supresión de todo impuesto, y por esa vía se acabaría con el poder político. Tal argumentación, con ser falsa, es además cínica y contradictoria, pues si sostienen que el pueblo no es capaz de pronunciarse en materia impositiva según el bien común ¿por qué a la hora de elegir uno u otro partido si son capaces de elegir en razón al bien común?.
La Comunión Tradicionalista Carlista quiere recordar que la única manera de oponerse al totalitarismo (sea comunista, fascista o simplemente «totalitarismo partitocrático») es estableciendo una clara diferencia entre la Soberanía Política y la Soberanía Social, consistiendo la Soberanía Social en el reconocimiento de que hay esferas de la vida social (por ejemplo la vida familiar) en las que el poder político no puede inmiscuirse, y solo puede desarrollar una labor subsidiaria cuando el ente titular de esa soberanía social no es capaz por sus medios de cumplir sus fines.
Esto quiere decir que el Estado, y el resto de administraciones, debe respetar que la sociedad naturalmente organizada ejerza sus derechos para alcanzar su fin natural, y solo intervenir cuando la sociedad se lo pida por no poder alcanzar sus fines, y solo mientras la sociedad solicitante lo entienda necesario y solo hasta donde lo entienda necesario.
Esto aplicado a la materia fiscal quiere decir que somos los obligados al pago los que debemos determinar qué hacer con nuestro dinero, y no dejarnos expropiar para que las Administraciones lo dediquen a fines contrarios a nuestros intereses, y, en muchos casos, a nuestra propia recta conciencia.
No existe una sociedad libre si la misma no tiene medios económicos suficientes para poder enfrentarse al poderoso que abusa de sus prerrogativas. Por eso la sociedad española languidece, pues en la actualidad es cada vez mayor el número de individuos que depende económicamente del Estado y las administraciones, lo que les arrebata la independencia para enfrentarse a los excesos del poder.
Si queremos volver a ser libres necesitamos recuperar la titularidad de nuestros bienes, y para ello solo hay un camino: recuperar nuestra soberanía fiscal. Para ello la Comunión Tradicionalista Carlista propone que no pueda establecerse impuesto alguno, ni aumentarse la carga impositiva del mismo, sin la aprobación previa de los obligados al pago por medio de un referéndum.
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