MENTÍS, BELLACO?


Foto: Heraldo de Aragón 13-03-2019

El diario Heraldo de Aragón encabezaba una noticia sobre el Congreso de Periodismo Digital de Huesca aludiendo a la frase pronunciada por el periodista colombiano Juan Carlos IRAGORRI, corresponsal en la Casa Blanca, en el contexto de un workshop previo a las jornadas del Congreso propiamente dicho: “Es descorazonador ver que TRUMP ya ha mentido 7.300 veces y puede ser reelegido”. Para ser más exactos, más allá del titular, las palabras al parecer pronunciadas por el periodista invitado fueron: Es descorazonador ver que el presidente Donald TRUMP ha llegado a mentir, según los últimos cálculos del «Washington Post», más de 7.200 veces en 800 días de mandato y sin embargo, no pasa nada. Y de hecho, tiene un 41% de aprobación con lo que hay una posibilidad muy elevada de que sea reelegido”.

Estas palabras del periodista colombiano trataban de suscitar una reflexión por parte de los asistentes al Congreso de Periodismo Digital y, por extensión, en todos los profesionales de la prensa allí congregados para cubrir el evento.

¡Qué serios son estos americanos¡ Aceptemos su invitación y reflexionemos, a ver si nosotros somos también tan serios o más bien aplicamos la divisa del maligno Joker de la saga de Batman: “¿Por qué tan serio?”.

Pedro SOLBES, ministro de Economía y exvicepresidente del Gobierno de Zapatero entre 2004 y 2009 admitió públicamente que no dijo la verdad sobre la situación real de la economía española a comienzos de la Gran Recesión: en concreto aceptó en rueda de prensa – con ocasión de la presentación de su libro «Recuerdos» que hizo 'una declaración incorrecta' y que fue 'una contradicción' lo que declaró el 2 de enero de 2009 en público para no crear preocupación y lo que decía en esos mismos días en privado al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Aquel 2 de enero declaró a la Cadena SER: «Estoy convencido de que 2009 va a ser un buen año [...] El primer semestre todavía tendrá el efecto arrastre del pasado año; en la segunda mitad del año es donde tenemos más confianza depositada para que las cosas vayan algo mejor». SOLBES explicó así tamaño embuste: «Hay una contradicción en la vida pública. Una cosa es cómo uno analiza las cosas y otra cómo presentarlas al público para intentar no crear más preocupación que la necesaria». En 2011, las autoridades comunitarias pusieron de manifiesto que las cifras de déficit real de la economía española hechas públicas por el presidente ZAPATERO (6 %) no eran ciertas y que en realidad se situaban en torno al 8,5 % del PIB.

Tras el atentado de la T-4 en el aeropuerto de Barajas, ZAPATERO declaró públicamente que el gobierno que presidía daba por cerrado el proceso de diálogo con ETA abierto tras la declaración de “alto el fuego” manifestada por la organización terrorista. Más tarde, reconoció que ese mismo gobierno autorizó nuevos contactos y negociaciones para alcanzar un acuerdo con los terroristas.
Desde 2004 hasta 2011, estos señores mintieron una y otra vez, y una y otra vez fueron reelegidos, y aquí no ha pasado nada (que yo sepa).

Luego vino RAJOY, y después de RAJOY la moción de censura, y en esas estamos. RAJOY y su gobierno no comparecían en las sesiones de control de las Cortes, porque decían al principio que eran un gobierno en funciones y que, por tanto, no tenían obligación de hacerlo. Los tribunales han desautorizado esta interpretación interesada y francamente torticera. El caso es que el que manda ahora, Pedro SÁNCHEZ, como no tiene votos suficientes, gobierna por decreto-ley, y ha batido el record de toda la historia política de la democracia en hacer uso de este recurso constitucionalmente reservado para situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad”. Este personaje, la segunda edición, corregida y aumentada, de ZAPATERO, no sólo ha mentido a toda la sociedad española una y mil veces, no sólo ha sido acusado públicamente de irregularidades manifiestas en su supuesta tesis doctoral (sin que en ningún momento haya facilitado explicación alguna al respecto), sino que ha engañado a su propio partido político, pactando con Podemos, cuando había declarado públicamente que no lo haría, y con los partidos secesionistas, que habían causado ya su descalabro como secretario general del mismo. Pero no pasó nada, ¿saben por qué? Porque obtuvo el respaldo de la militancia (o sea, que resultó reelegido).

La ministra de Justicia, Dolores DELGADO - ¡ notaria mayor del Reino ¡ - ha reconocido también públicamente que no dijo la verdad cuando negó conocer al policía VILLAREJO. Tampoco ha pasado absolutamente nada.

Pablo ECHENIQUE reconoció también públicamente que la información que había transmitido por las redes sociales acusando a Albert RIVERA de ocultar drogas y explosivos, con ocasión de un incidente rutinario en un aeropuerto, era errónea, pero no se disculpó públicamente por su temeridad ni, por supuesto, pidió disculpas a la persona a la que había calumniado, sí, públicamente. ¿Lo adivinan? Exacto, tampoco pasó nada. Sólo dimitió como secretario general de Podemos en Aragón y como secretario de organización de Podemos, a la espera de que se pronuncien las bases (¿reelección?), cuando resultó condenado por los tribunales de justicia por la contratación irregular de un asistente personal como falso autónomo, cuestión sobre la que tampoco había dicho la verdad públicamente. ¡Vaya, tú¡ ¡Qué contratiempo¡

Hay, sin embargo, mentiras más sutiles. No mentirotas o auténticas bolas, sino patentes faltas de sinceridad que se ponen de manifiesto por hechos concluyentes. El Gobierno de Aragón cambió de destino más de 136 millones de euros del presupuesto autonómico de 2018 con el consentimiento de las Cortes. Sanidad y Educación concentraron el 67% del importe total, más de 91 millones, con ampliaciones de créditos para pagar las nóminas y el sobrecoste en el gasto farmacéutico. Diciembre, con 18 operaciones, fue el mes en el que más cambios se registraron para cuadrar las cuentas y satisfacer todos los pagos pendientes. Más allá de los desastres naturales (desbordamientos del río Ebro, actuación de urgencia en el puerto de Monrepós, etc), las partidas en que se materializa el desfase ponen de manifiesto que la realidad se resiste a ajustarse al discurso ideológico, por lo que no hay más remedio que recurrir a un expediente formal para mantener una congruencia también puramente formal. Cuando se aprobó el presupuesto de 2018, ya advirtió la Intervención General de la DGA de que las partidas de personal y de gastos farmacéuticos estaban infradotadas, por poner sólo un ejemplo relativo a Sanidad. Lo malo es que como en la prórroga presupuestaria que está en vigor este ejercicio se amplía el proyecto inicial de las cuentas de 2018, sin incluir estas modificaciones, es previsible que el desfase detectado se mantenga y que las Cortes deban corregirlas incluyendo cambios similares. Por cierto, que uno de los últimos imprevistos hizo que a finales de año hubiera que transferir dos millones de euros más para arreglar el tema del aparcamiento en las Cortes.

Señor IRAGORRI, ¿me lo puede explicar?

JAVIER ALONSO DIÉGUEZ

Comentarios

Anónimo ha dicho que…
Eso se solucionaría si se considerase legalmente que las promesas electorales tienen carácter contractual, y cualquier ciudadano pudiese demandar ante los tribunales ordinarios al político que miente, pero eso pondría fin al mandato representativo y se parecería mucho al mandato imperativo ¿a que sí?
Javier Alonso ha dicho que…
Compartiendo en lo fundamental el sentido de su comentario, permítame añadir algunos matices adicionales. Ante todo, el pensamiento político tradicional español parte de la distinción neta entre el gobierno y la representación, y es en el contexto de esta última en el que reivindica, con carácter general u ordinario, la vigencia del mandato imperativo de la agrupación social, territorial, profesional, a la que se representa. Frente a esto, siempre se alza la objeción más o menos liberal de que es imposible componer el interés general a partir de un conjunto de intereses corporativos de carácter sectorial. Hay que aclarar que si bien la representación que nosotros defendemos es una representación de intereses, porque no puede ser otra cosa si es de verdad representación social, a diferencia de la representación de opiniones del liberalismo, que pretende articular la representación a partir de una masa indiferenciada de individuos totalmente autónomos entre sí; sin embargo, el gobierno no debe actuar por un interés, ni siquiera general o público, sino por un bien, un bien común, es decir, el bien que requieren las personas en cuanto forman parte de una comunidad y el bien de la comunidad en cuanto ésta se encuentra formada por personas. Insiste la doctrina liberal en que en un órgano de representación de intereses sería imposible velar por el bien de la comunidad, olvidando que el pensamiento tradicional no defiende el mandato imperativo sino como marco ordinario de actuación del representante, es decir, sin que ello excluya que en determinados asuntos de relevancia, no estrechamente vinculados a los intereses cuya representación ostenta de modo ordinario, aquél deba actuar según su leal saber y entender, siguiendo los dictados del patriotismo y de la honestidad cívica, que es lo que razonablemente pueden esperar para ese caso concreto sus representados. De ahí que el punto 179 del documento ¿Qué es el carlismo? (1971) señale en relación con esta cuestión del mandato representativo:

"Es punto fundamental en la doctrina carlista del Derecho parlamentario que los procuradores en Cortes han de recibir mandato imperativo de sus representados en las materias establecidas cada año por proclama real, al señalar la convocatoria de la primera sesión. Lo referente a estas materias es asunto procesalmente utilizable en los juicios de residencia. En los demás asuntos, o en las circunstancias que incidentalmente puedan presentarse a lo largo del período de sesiones, los procuradores han de obrar según su leal saber y entender, bien que tratando siempre de velar por los intereses del organismo que los envió a las Cortes. Consecuencia de la teoría del mandato imperativo es también que los gastos de los procuradores, sus salarios y sus dietas sean determinados y costeados por los organismos a que representan, estando obligados a rendir cuentas siempre de las cantidades recibidas a tales efectos".